LA HISTORIA LO DICE TODO Y LOS CIUDADANOS CONOCEN LA HISTORIA

Un partido político es el encargado de reclutar candidatos para ocupar los cargos gubernamentales y los cargos legislativos. Para eso, movilizan el apoyo electoral. También organizan la labor legislativa, articulan y agregan nuevos intereses y preferencias de los ciudadanos. Todo ello, en base a una ideología que le da claridad conceptual que lo guía en su acción. El político es el individuo que se dedica a realizar dichas actividades; es decir con todo lo que representa la adquisición, el mantenimiento y la gestión del poder en instituciones o ámbitos públicos. Es un miembro formalmente reconocido y activo de un gobierno, o una persona que ejerce influencia sobre el modo en como una sociedad es regida por medio del conocimiento sobre las dinámicas sociales y el ejercicio del poder. Esto incluye a las personas que ostentan cargos con poder de decisión en el gobierno, y a aquellas que buscan obtener tales posiciones, mediante elecciones o por designación o nombramiento, entre otras.

En este 2011, las instancias electivas desafían a todas las estructuras políticas a utilizar todos los elementos a disposición, y asegurar que su candidato recibirá el apoyo necesario, que le permita acceder a este espacio de poder; entre candidatos posibles y partidos, el juego ha comenzado, las internas ya están planteadas y muchos ya comienzan a mostrar sus cartas.

Y, hay quienes en el afán de maximizar los votos en las próximas elecciones buscan en la historia de los partidos, aquellos puntos que les permita desacreditar a la oposición; decisiones tomadas en el pasado que pudieron ser no la mejor opción. Se valdrán hasta quizás de cualquier estrategia en esta lucha de espacio y poder; no preocupándose en absoluto por cuestiones de principio y hasta quizás cometiendo el error de menospreciar la inteligencia de los electores.

Sin embargo, cuidado, somos presos de nuestras palabras. Así lo demuestra el periodista de EL DIARIO que participó de la conferencia de prensa del precandidato por la Unión Cívica Radical que visitará nuestra ciudad el pasado 10 del corriente mes, y que nos dijera: “En Derechos humanos seguiremos haciendo lo que hizo nuestro partido que, tal vez, porque nos tocó protagonizar la transición democrática, fue el que sentó en el banquillo a los militares cuando los represores todavía estaban en los cuarteles. Eso era una decisión difícil y la tomamos. Tuvimos hasta 200 militares presos que luego fueron indultados por un Gobierno justicialista”. Y, nada dijo del Punto Final y la Obediencia Debida, leyes aprobadas en el congreso durante la Presidencia de su padre, Raúl Ricardo Alfonsín.

Hagamos un repaso de la historia argentina. La Ley Nº 23.492 de Punto Final, promulgada el 24 de diciembre de 1986 durante la presidencia de Raúl Alfonsín estableció la paralización de los procesos judiciales contra los imputados como autores penalmente responsables de haber cometido el delito complejo de desaparición forzada de personas (que involucró detenciones ilegales, torturas y homicidios agravados o asesinados), que tuvieron lugar durante la dictadura militar del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional de 1976 – 1983. La Ley decía literalmente, “se extinguirá la acción penal contra toda persona que hubiere cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de diciembre de 1983”.

Por otra parte, la Ley Nº  23.521, de Obediencia Debida fue una disposición legal dictada el 04 de junio de 1987, también durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que estableció una presunción iuris et de iure (es decir, que no admitía prueba contrario) respecto de que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas durante  el mismo proceso de reorganización no eran punibles, por haber actuado en virtud de la denominada “obediencia debida” (concepto militar según el cual los suboficiales se limitan a obedecer las órdenes emanadas de sus superiores). Esta norma se dictó luego de los levantamientos carapintadas, por iniciativa del gobierno de Alfonsín, para intentar contener el descontento de la oficialidad del Ejército Argentino, eximiendo a los militares por debajo del grado de coronel, de la responsabilidad en los delitos cometidos bajo mandato castrense. De ese modo, tuvo lugar el desprocesamiento de la mayoría de los imputados en causas penales del llamado terrorismo de Estado.

Mientras, se conoce como los indultos de Menen una serie de diez decretos sancionados el 07 de octubre de 1989 y el 30 de diciembre de 1990 (años después de la promulgación de las dos leyes anteriormente citadas), que indultaban a más de 200 civiles y militares que cometieron delitos durante dicha dictadura. Siendo conocido ambas leyes y estos indultos como las leyes de la impunidad.

Es cierto, esto último se dio durante un gobierno justicialista, pero lejos de omitir u olvidar el pasado, fue durante un gobierno justicialista en el año 2003 que el Congreso de la Nación Argentina declarara la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, convalidada luego por la Corte Suprema de Justicia, el 14 de junio de 2005; como también, se declararon inconstitucional aquellos indultos referidos a crímenes de lesa humanidad, el 15 de junio de 2006 por la Cámara de Casación Penal. Y el 31 de agosto de 2010 la Corte Suprema de Justicia confirmó sentencias de tribunales inferiores, dictando que los indultos no fueron constitucionales y las condenas que anularon debían ser cumplidas. Todo durante el Gobierno del ex – Presidente Néstor Kirchner y la actual Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, ambos gobiernos justicialistas.

La historia lo dice todo, y los ciudadanos conocen la historia. El gobierno kirchnerista como lo definen muchos, no desconoció su pasado, se ocupo y no dudo ante las presiones.

Es por ello, que la crítica por la crítica misma no tiene valor. Decir entre otras cosas, que “vamos a reparar el gran daño institucional que provocó el Frente para la Victoria, recuperando políticas de Estado para resolver los problemas de seguridad, energía y diversificar la economía” es seguir subestimando al electorado. Los problemas de energía en la Argentina (solo por nombrar un punto), no los provoco un partido político, y lo importante es ocuparse hoy.

El Frente para la Victoria en su amplitud de pensamiento, ha sumado a sus bancas todos aquellos proyectos que aportan a este modelo Nacional y Popular; así adhirieron no solo fuerzas políticas del Partido Humanista, El Frente Grande, Nuevo Encuentro, Partido Intransigente entre muchos, sino también, aquellos dirigentes conocidos como radicales K. El Frente para la Victoria conducido por Justicialistas, ha demostrado que lejos de dañar trabaja por una Argentina de inclusión y de justicia social.

Micaela Cisnero, colaboración vía mail