Ante el pedido de informe del Tribunal de Cuentas por la existencia de cheques de pago diferido en la Caja municipal, según el arqueo del 30 de junio de 2011, el Gobierno local informó ayer que "el sistema contable respeta el principio de registración que establece la Carta Orgánica, y en ese sentido los ingresos se constatan al percibirse y los egresos al momento de contraerse las obligaciones...".
"...Es preciso indicar que la Administración Municipal observa todas y cada una de las normativas vigentes en esta materia y publica en la página web del Municipio (www.villamaria.gob.ar) el Balance de Tesorería (donde figuran ingresos y gastos en efectivo y saldos en Bancos) y estado de la Ejecución Presupuestaria. Asimismo, trimestralmente, se elevan los informes ya expresados y el Municipio cuenta con los Balances Anuales aprobados oportunamente por Ordenanza...", agregó la respuesta oficial.Y precisó que "entre las modalidades de pago que pueden efectuar los contribuyentes para cancelar sus obligaciones, la Ordenanza General Impositiva -artículo 48- establece los medios de pago, y entre ellos fija que el cheque de pago diferido...".
"En ese sentido, la Ley 24.452 regula toda operatoria vinculada a la emisión de cheques en la República Argentina. Esta norma establece que existen dos tipos de cheques válidos que se pueden librar: comunes y de pago diferido (la fecha de acreditación puede diferir hasta 360 días de la fecha de emisión - Art. 54 inciso 4, Ley 24.760)... Y por otra parte, existe en el país una Ley Anti-evasión, por la cual todos los pagos que superen la suma de $ 1.000 (pesos mil) no pueden ser realizadas en efectivo sino a través de cheques...", apuntó.Agregó que “la existencia de cheques en mayor medida que efectivo en la Tesorería se debe a varias causas; primero el significativo número de contribuyentes que abonan sus tasas con cheques, segundo el mayor porcentaje de cobrabilidad de tasas y contribuciones, además del menor uso del efectivo que hacen los ciudadanos en la actualidad por los beneficios de la bancarización y las cuestiones de seguridad, sólo por considerar algunas”.
Concluyó que “las calumnias infundadas son parte del permanente proceder de los vocales del Tribunal, que lleva a demorar la acción de este Gobierno..., que jamás hizo como otros que despilfarraron y utilizaron de manera discrecional los recursos en perjuicio de la comunidad”.
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